El Parque de Doñana lleva días en el punto de mira a razón de la tramitación por vía de urgencia de la proposición de ley que legalizaría los regadíos en este valioso paraje natural. Se trata de una ley planteada por PP y Vox para regularizar los regadíos en este entorno natural ante la oposición del Consejo del Parque.
Reserva de la biosfera y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980, el Parque Nacional de Doñana es uno de los tesoros naturales más notables del planeta. Entre las muchas bondades de Doñana destaca como ruta de gran variedad de especies migratorias. Una vasta isla ecológica al tiempo refugio y espacio natural de enorme belleza.
¿En qué consiste esta ley?
En concreto, se trata de revisar y ampliar una ley ya existente desde 2014: el Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana (POTAD). Esta vela por el equilibrio de la explotación del agua de los agricultores exportadores del Condado de Huelva y la conservación del espacio protegido de Doñana.
Sin embargo, este Plan no contempla ciertos terrenos de cultivo ni las fincas adheridas a la zona tras 2014 y que no disponen de permiso de regadío. La propuesta de Juanma Moreno con el apoyo de Vox legalizaría a la sazón 800 hectáreas de suelo de la Corona Norte.
¿Qué opina la Estación Biológica de Doñana?
La Estación Biológica de Doñana presentó un informe cuyo contenido alerta del “insostenible punto crítico” en el que se encuentra este enclave natural. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir señaló en 2020 que el acuífero del Parque está sobreexplotado, y así también lo sostienen otras organizaciones ecologistas.
Sanciones económicas
Con todo, la polémica trasciende las cuestiones climáticas y Europa podría sancionar a España con graves multas económicas. En una misiva enviada a las autoridades españolas, la directora general de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario, Florika Fink-Hooiker, en el solicitaba una aclaración en el plazo de un mes conforme el plan de regadío en Doñana no producirá consecuencias nocivas al parque. El plazo para presentar dicho informe es de un mes.
Si bien se ha dado ya luz verde para iniciar el trámite, el Gobierno Central ha dejado claro que no se quedará impávido ante la tramitación de esta ley de regadíos en el entorno de Doñana. Así, el Ministerio de Transición Ecológica está dispuesta a recurrir la suspensión de la ley al Tribunal Constitucional.