A pocos días de arrancar el mes de septiembre, parece que la opinión pública no se pone de acuerdo respecto a la vuelta al colegio.
Aunque se han establecido los protocolos pertinentes a los tiempos que corren, no todos tienen claro que la vuelta al cole se vaya a dar con todas las garantías y previsiones. La incertidumbre y el miedo han hecho que muchas familias rechacen llevar a los niños/as al colegio hasta que no haya garantías de cero riesgo.
Por su parte, Juan Marín declaró ayer que los padres que decidan no llevar a los niños al colegio «están en su derecho a hacer lo que consideren por velar por la seguridad de sus hijos».
En cualquier caso, la ley no ampara esta opción, así que los padres y tutores legares deberán llevar a los niños al colegio, aunque no se sepa a ciencia cierta en qué condiciones será esa vuelta a la escuela. La Junta de Andalucía sostiene que si no hay justificación, las ausencias reiteradas activarán los protocolos de absentismo. La dirección de los colegios, junto a la Inspección, activarán este proceso que podría desencadenar en denuncias y las consecuentes sanciones o penas de cárcel.
El artículo 266 del Código Penal lo recoge así: «el que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses”.
Desde la administración están de acuerdo en que la presencialidad es indispensable, al menos, en Infantil y Primaria. La educación a distancia no es tan eficaz en algunas etapas. Icluso organismos como UNESCO, UNICEF, la OMS o la UNI convienen en el impacto que ha supuesto el cierre de los centros en la infancia y en el conjunto de la sociedad.